NUEVA YORK (29 de julio de 2024) — Human Rights Foundation (HRF) condena categóricamente el recientemente anunciado y claramente fraudulento resultado de la elección por parte del régimen autoritario venezolano, otorgando al dictador Nicolás Maduro una victoria con el 51.20% del voto nacional. HRF considera que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, son claramente fraudulentos porque contradicen directamente los resultados de las encuestas en boca de urna documentadas por la oposición democrática unificada — encabezada por la candidata que fue descalificada de manera ilegal, María Corina Machado, y su reemplazante, el candidato de unidad Edmundo González Urrutia — que dieron al candidato de la oposición democrática la victoria con el 70% del voto nacional.
Los números publicados por la campaña de Machado y González, basados en la supervisión de todos los centros de votación por parte de sus miembros, son en gran medida consistentes con el análisis de las encuestas en boca de urna realizado por la experimentada firma de encuestas con sede en Nueva Jersey, Edison Research, la cual ha sido considerada la fuente más confiable por el jefe de la oficina de América del Sur del Wall Street Journal, y que daba a la oposición una victoria proyectada con el 65% de los votos.
“Como era previsible pero igualmente indignante, el portavoz electoral del régimen de 25 años ha vuelto a anunciar resultados electorales fraudulentos, afirmando falsamente que la dictadura ha ganado. Este intento flagrante de legitimar un resultado amañado es una bofetada en la cara del pueblo venezolano y muestra el grado de desvergüenza al que llegará la dictadura para mantenerse ilegítimamente en el poder,” dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “HRF se solidariza con el valiente pueblo de Venezuela, que merece que sus votos sean contados y validados, en lugar de lo que realmente ha ocurrido con una elección que no fue ni libre ni justa, pero donde el pueblo venezolano se movilizó masivamente y con valentía para votar en contra de la dictadura,” añadió Halvorssen.
En los días previos a las elecciones, el dictador Nicolás Maduro había amenazado siniestramente que si perdía, habría un “baño de sangre” en Venezuela. Esta advertencia escalofriante fue un intento flagrante de intimidar a los votantes, sofocar a la oposición y socavar el proceso democrático, pero a pesar de estas amenazas, el pueblo venezolano aún salió a votar de manera histórica y ahora está en las calles exigiendo pacíficamente que sus votos sean contados adecuadamente y pidiendo a la dictadura que permita una transición a la democracia.
Además, la negativa del régimen a permitir que observadores internacionales independientes monitoreen las elecciones es una clara indicación de su intención de ocultar la verdad. Tanto la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea (UE) fueron negadas la posibilidad de enviar misiones de observación electoral a Venezuela. Además, en los días previos a las elecciones, numerosos observadores internacionales — incluidos ex presidentes y legisladores de países democráticos — fueron arbitrariamente impedidos de entrar a Venezuela o expulsados del país, lo que destaca la desesperación del gobierno por ocultar su manipulación electoral. Todos los observadores que fueron autorizados no eran independientes y, en cambio, eran partidarios acérrimos del régimen.
“En sintonía con el espíritu de la Carta Democrática Interamericana que reconoce el derecho de todos los pueblos de América a la democracia, el mundo debe rechazar el resultado fraudulento anunciado por el régimen y exigir que abandone el poder, y al mismo tiempo apoyar a los millones de venezolanos que están exigiendo pacíficamente que sus votos sean contados. Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir la dimisión del régimen de Maduro para que puedan ocurrir reformas democráticas genuinas en Venezuela y para que el régimen sea responsabilizado por dos décadas de tiranía y graves violaciones de derechos humanos,” dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “Esta última burla de un proceso electoral caracterizado por el silenciamiento de las voces de la oposición y la manipulación de los resultados electorales una vez más socava el derecho humano fundamental del pueblo venezolano a elecciones libres y justas, y no puede ser permitido,” añadió El-Hage.
Los votantes en las elecciones venezolanas han carecido durante décadas de la libertad de votar en contra del régimen chavista, y los procesos electorales no han contado con el nivel de equidad básica que le permitiera a la oposición competir en un campo de juego razonablemente nivelado. Los medios de comunicación masiva se encuentran bajo estricto control del régimen y cientos de prisioneros políticos y líderes políticos icónicos — como los ex alcaldes de Caracas Leopoldo López y Alcalde Ledezma— han tenido que buscar asilo en el extranjero. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ha mantenido en el poder desde 1999, cuando el entonces gobierno liderado por Hugo Chávez comenzó a implementar medidas para reprimir a la oposición, incluyendo la restricción de las inscripciones de candidatos, la censura de los medios y la manipulación de los procesos electorales. El CNE controlado por el régimen, responsable de supervisar las elecciones, está dominado por individuos leales al gobierno, lo que lleva a corrupción y sesgo en la forma en que se llevan a cabo las elecciones y se anuncian los resultados.
Históricamente, el régimen ha utilizado herramientas como la “Lista Tascón” (que publicó los nombres de los venezolanos que habían votado por un referéndum revocatorio contra Chávez) para castigar a los votantes de la oposición y el “Programa Maisanta” para recompensar a aquellos leales al régimen, creando un clima de miedo y coerción. La Lista Tascón, nombrada en honor al legislador chavista Luis Tascón, se utilizó para identificar y hacer una lista negra de los partidarios de la oposición, negándoles el acceso a servicios públicos y empleo. Del mismo modo, el Programa Maisanta se utilizó para discriminar políticamente a los opositores, incluyendo la otorgación de premios los partidarios del gobierno, creando un sistema de clientelismo y dependencia. Estos factores han llevado a que exista un acuerdo generalizado sobre la falta de legitimidad democrática de los procesos electorales de Venezuela por parte de observadores independientes, entre ellos HRF, considerando durante mucho tiempo que no son ni libres ni justos.
The Human Rights Foundation (HRF) is a nonpartisan nonprofit organization that promotes and protects human rights globally, with a focus on closed societies.
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