Bolivia: HRF advierte que jueces que ignoran decisión de la ONU se enfrentarán a sanciones Magnitsky

NUEVA YORK (6 de mayo de 2025) — La Human Rights Foundation (HRF) condena enérgicamente al Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Sexto de la ciudad de La Paz, presidido por el juez Marco Antonio Vargas, por su negativa a acatar una decisión emitida en marzo de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que determinó que la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es arbitraria y viola el derecho internacional.

A pesar del llamado inequívoco del GTDA a liberar de inmediato a Camacho y garantizarle un juicio justo en libertad, el tribunal rechazó la decisión con el argumento tecnicista de que “no estaba firmada”, a pesar de tratarse de una resolución oficial disponible en el sitio web del GTDA. Por su parte, el procurador general de Bolivia, Ricardo Condori, desestimó el pronunciamiento del Grupo de Trabajo como una simple “valoración”, afirmando que no tiene carácter vinculante, una postura que contradice directamente las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por el Estado boliviano.

Como HRF destacó durante una conferencia de prensa en La Paz tras la decisión del GTDA, el pronunciamiento no es simplemente una recomendación. Bajo el propio marco legal boliviano específicamente, la doctrina del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados están plenamente incorporados al derecho interno. Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia está legalmente obligado a implementar la decisión de la ONU y liberar a Camacho sin demora.

“No se trata de una cuestión de discrecionalidad política, sino de una obligación legal vinculante que se deriva de la ratificación por parte de Bolivia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirmó Javier El-Hage, director jurídico de HRF. “La decisión del Grupo de Trabajo es vinculante tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Judicial, y quienes continúen desobedeciéndola se exponen a rendir cuentas a nivel internacional por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo sanciones Magnitsky impuestas por Estados Unidos.”

El pronunciamiento del GTDA, emitido el 31 de marzo, concluyó que la detención de Camacho fue ilegal, motivada políticamente, y que sus derechos fundamentales —incluidos el debido proceso, la libertad y la presunción de inocencia— fueron gravemente vulnerados. Tras la decisión, la defensa de Camacho solicitó una audiencia para poner fin a su detención preventiva, pero un tribunal boliviano rechazó la solicitud el 2 de mayo, en medio de protestas y ataques de turbas oficialistas que acosaron al equipo legal de Camacho y a sus familiares al salir del juzgado en La Paz.

La negativa del régimen boliviano a acatar la decisión de la ONU demuestra un preocupante desprecio por el derecho internacional y resalta aún más la erosión continua de la independencia judicial bajo el régimen autoritario híbrido del presidente Luis Arce. El lunes, en un claro acto de represalia, el régimen ordenó la detención de la jueza Lilian Moreno, quien había anulado la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Morales, acusado de trata de personas, mantiene una feroz y a menudo violenta disputa por el poder con Arce, buscando de manera agresiva e ilegal postularse nuevamente a la presidencia.

“Es desalentador y profundamente preocupante ver al gobierno boliviano empujar al Poder Judicial a mostrar un desprecio tan evidente por la ley”, dijo Martín Camacho, exjuez boliviano y abogado principal de la defensa de Camacho en el país. “A pesar de la peligrosa instrumentalización del sistema judicial, seguiremos intentando hacer valer esta importante decisión internacional, agotando todas las vías judiciales internas hasta que Luis Fernando recupere su libertad. No descansaremos hasta lograrlo.”

A menos que el régimen y los tribunales rectifiquen su postura, HRF buscará invocar la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos para promover sanciones dirigidas no solo contra el ministro de Justicia y el procurador general de Bolivia quienes han pedido públicamente ignorar el fallo de la ONU, sino también contra los jueces cómplices en la violación de los derechos de Camacho, incluyendo no solo a Vargas, sino también a los jueces Germán Ramos Mamani y Liz Avilés Condori del tribunal que emitió la resolución del pasado viernes.

HRF hace un llamado a la comunidad internacional en especial a los gobiernos democráticos comprometidos con el Estado de derecho a unirse en la condena a estos hechos recientes y apoyar la rendición de cuentas del poder judicial subordinado de Bolivia.

The Human Rights Foundation (HRF) is a nonpartisan nonprofit organization that promotes and protects human rights globally, with a focus on closed societies.

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