NUEVA YORK (29 de agosto de 2025) — Human Rights Foundation (HRF) celebra la liberación esta tarde del prisionero de conciencia boliviano Luis Fernando Camacho, tras dos años y ocho meses de detención arbitraria en la peligrosa prisión de máxima seguridad de Chonchocoro. Camacho fue secuestrado sin orden judicial, y encarcelado por liderar manifestaciones pacíficas a nivel nacional en 2019, después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinara que el partido MAS de Evo Morales había cometido fraude electoral. Camacho, gobernador democráticamente electo del departamento de Santa Cruz, fue arrestado violentamente el 28 de diciembre de 2022, y HRF presentó una demanda en su representación ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) en febrero de 2023.
En marzo de 2025, HRF recibió una opinión favorable en la que se declaró arbitraria su detención conforme al derecho internacional, y se exigía su liberación inmediata. Su liberación condicional de Chonchocoro a arresto domiciliario fue ordenada por un tribunal de La Paz el 26 de agosto de 2025, en una audiencia sobre el primer caso fabricado de “terrorismo” relacionado con las protestas de 2019. La orden de liberación estableció el derecho de Camacho a retomar su cargo de gobernador, previo pago de una fianza y con prohibición de salida del país. HRF estuvo presente en la audiencia junto con el equipo legal nacional del gobernador. Una orden similar fue emitida el 27 de agosto de 2025, en relación con un segundo caso fabricado de “terrorismo” por las manifestaciones de 2022.
Camacho fue liberado de Chonchocoro hoy a las 2:13 p.m. hora de Bolivia y actualmente se encuentra en camino a Santa Cruz.
“Al poder judicial boliviano le tomó casi tres años ajustarse a derecho, y alrededor de cinco meses aplicar, al menos parcialmente, la decisión del derecho internacional obtenida por HRF, que exigía la liberación inmediata e incondicional del gobernador Camacho”, declaró Javier El-Hage, director jurídico de HRF, quien lideró el equipo legal de la organización que representó a Camacho pro bono como parte de su programa de Litigio de Impacto.
“Aunque su liberación no es aún incondicional y su libertad seguirá estando restringida bajo arresto domiciliario parcial en Santa Cruz, el hecho de que ya no será castigado en condiciones inhumanas y degradantes a 4,000 metros de altura —HRF describió a Chonchocoro como ‘la Siberia boliviana’ en nuestra demanda ante el GTDA—, y que podrá regresar a su ciudad natal en las tierras bajas de Bolivia, así como el hecho de que podrá volver a ‘trabajar’ como gobernador, son motivo de enorme alivio y esperanza para su familia y para el pueblo de Santa Cruz”, añadió El-Hage. “Su liberación condicional, que esperamos se convierta en una libertad plena en los próximos meses, se da en un contexto de esperanza para los más de cien presos políticos bolivianos, incluyendo al líder cívico indígena potosino Marco Antonio Pumari —cuya liberación condicional como coimputado de Camacho también fue ordenada el 25 de agosto— y a la expresidenta Jeanine Áñez, quien finalmente ha obtenido el derecho, en su calidad de expresidenta, a ser juzgada por el Congreso”.
Junto con las instrucciones de revisar el caso de Camacho, el Tribunal Supremo también ordenó la revisión inmediata de la detención preventiva de Pumari, una de las figuras clave de las protestas de 2019 que llevaron a la renuncia de Morales y quien fue compañero de fórmula de Camacho en las elecciones generales de 2020. Pumari fue detenido en diciembre de 2021 bajo acusaciones similares a las de Camacho. Tras una audiencia el martes 26 de agosto, el tribunal decidió levantar su detención preventiva. Otro juez tiene agendado revisar un segundo caso presentado en su contra, y podría ser liberado de prisión en los próximos días.
El tribunal también ordenó revisar los casos contra Jeanine Áñez, quien era presidenta del Senado y asumió la presidencia constitucional de manera interina tras la renuncia de Morales. Áñez fue detenida en marzo de 2022, apenas cinco meses después de que Luis Arce —aliado cercano de Morales y también miembro del MAS— asumiera la presidencia tras unas elecciones organizadas por el gobierno interino. De manera arbitraria al igual que con los casos de Camacho y Pumari, Áñez fue acusada de participar en un complot para derrocar a Evo Morales y condenada a 10 años de prisión por el delito de “resoluciones contrarias a la constitución”.
Áñez también enfrenta cargos relacionados con las muertes de decenas de simpatizantes de Morales durante las protestas de 2019 en las localidades de Sacaba y Senkata. Como expresidenta, Áñez tenía la prerrogativa de juicio de responsabilidades o caso de corte, con lo que tenía el derecho a ser juzgada por el Congreso para determinar si tuvo responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, debido a presiones ilegales de funcionarios del gobierno del MAS, el caso fue trasladado a la justicia ordinaria. Durante la reciente audiencia del 26 de agosto, los jueces de la justicia ordinaria a cargo del caso revelaron, de forma impactante, que habían sido objeto de persecución política y amenazas por parte del gobierno de Luis Arce cuando se excusaron de conocerlo y se declararon incompetentes al comienzo del proceso. Ahora sí, tras la última determinación de dicha corte, la expresidenta Áñez podrá defenderse en un juicio de responsabilidades ante el Congreso.
“Durante casi 20 años, el MAS socavó gradual y seriamente la independencia de las instituciones, en particular del poder judicial, persiguió a la oposición política y silenció la disidencia. No obstante, el pueblo boliviano hizo oír su voz en las urnas a principios de este mes y rechazó rotundamente el autoritarismo y el desgobierno económico del régimen, abriendo la puerta a un restablecimiento pacífico del orden democrático en el país. La liberación de presos políticos incluso antes de que se produzca una transición de poder es una señal alentadora de que los tribunales ya no se sienten subordinados al partido gobernante”, señaló Álvaro Piaggio, oficial principal de políticas de HRF para las Américas.
La celebración de elecciones pacíficas y competitivas, así como la reparación de las injusticias cometidas por un poder judicial controlado por el régimen, son pasos significativos hacia la reconstrucción de las instituciones democráticas en Bolivia. Sin embargo, el país aún enfrenta un largo camino para restaurar plenamente la gobernabilidad democrática. Las organizaciones internacionales, la sociedad civil y todas las democracias deben mantenerse involucradas para garantizar una transición pacífica y el pleno cumplimiento de Bolivia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además de El-Hage, el equipo de HRF que representó pro bono a Camacho y viajó a Ginebra para litigar ante el GTDA y a La Paz para asistir a varias audiencias en su caso, incluyó a Claudia Bennett, oficial legal y de programas de HRF, y al constitucionalista boliviano y consultor especial de HRF Luis Yáñez. El equipo legal nacional estuvo encabezado por el abogado penalista boliviano y ex-juez Martín Camacho.
Con el apoyo de la John Templeton Foundation.
La Human Rights Foundation (HRF) es una organización no partidista y sin fines de lucro que promueve y protege los derechos humanos a nivel global, con un enfoque en las sociedades cerradas.
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