NUEVA YORK (11 de noviembre de 2019) – Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia el día de ayer, luego de tres semanas de protestas masivas que comenzaron luego de que evidencias de un fraude electoral salieran a la luz. La Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó que había existido una “clara manipulación” en el resultado de la elección del 20 de octubre, generando el movimiento ciudadano que obligó a Morales a dimitir.
“Luego de que se confirmara el fraude electoral en Bolivia, no había dudas de que el régimen de Morales debía dejar el poder y enfrentarse a la justicia. Lo más importante ahora es que los líderes del partido de Morales exijan que sus turbas violentas dejen de destruir propiedad pública y privada y dejen de atacar a manifestantes”, dijo Thor Halvorssen, presidente de HRF. “Para que la democracia puede retornar de manera efectiva a Bolivia, parlamentarios del país deben asegurar que la elección del gobierno transicional sea lo más transparente y apegado a la ley posible”.
Morales, quien ha sido presidente desde el año 2006, intentó buscar su cuarto mandato como presidente el 20 de octubre, desafiando un referendo de 2016 en el cual los bolivianos votaron decisivamente a favor de mantener los límites al mandato presidencial, rechazando su postulación. Durante sus casi 14 años en el poder, el gobierno de Morales ha violado de manera sistemática las libertades de expresión y de asociación, y llenó los tribunales con jueces leales a su partido. Con el poder judicial bajo su control, Morales persiguió agresivamente a sus rivales políticos y periodistas independientes, además de quitar los límites de mandatos incluidos en la nueva Constitución que su mismo partido había promovido en 2008.
El día de las elecciones presidenciales, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) comenzó a publicar los resultados de la elección utilizando sus sistema de conteo rápido, la Transmisión Rápida y Segura de Actas (TREP). Pero aproximadamente a las 8 p.m., de manera sorpresiva y sin explicación alguna, los resultados dejaron de ser publicados con casi el 84% de las mesas contadas. En ese momento, Evo Morales se encontraba a 7 puntos porcentuales por encima del segundo, Carlos Mesa, es decir, a 3 puntos de obtener la diferencia del 10 por ciento que le permitiría evitar una segunda vuelta.
Luego de esta interrupción de 24 horas, el OEP retomó la publicación de resultados mostrando un 97% de votos escrutados, y rápidamente anunció que Morales había obtenido justo el suficiente número de votos para evitar una segunda vuelta. Este incremento estadísticamente improbable en los votos para el partido de Morales causó preocupación en las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea. La OEA declaró que la interrupción del TREP había quitado “credibilidad” al proceso.
En las semanas siguientes, más irregularidades comenzaron a salir a la luz, a través de análisis realizados tanto por la OEA como por organizaciones involucradas en el proceso. La semana anterior, un informe de Ethical Hacking Group (EHG), empresa consultora contratada por el propio gobierno de Evo Morales para realizar una auditoría de la seguridad electoral, había concluido que debido a alteraciones en el código, bases de datos, incumplimiento de protocolos y el uso de servidores no designados para este propósito, el proceso electoral debía ser declarado “nulo”.
Un reporte preliminar de la OEA, publicado en la madrugada del domingo, hizo eco de los descubrimientos de EHG, pero también alertó que existía un número significativo de posibles casos de falsificación de firmas en actas electorales, especialmente en actas provenientes de votos en Argentina. También identificó violaciones en los procedimientos de seguridad para el manejo de documentación sensible, y un cambio de tendencia estadísticamente improbable a favor de Morales en el conteo del último 20% de votos.
Aunque ambas organizaciones concluyeron que Morales hubiese ganado una pluralidad del voto en la primera ronda, el abrupto cambio no hubiese podido llevar realísticamente a la ventaja de 10,56 por ciento reportada en favor del partido oficialista. Esta ventaja puso a Morales lo suficientemente por encima del 10 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta que la oposición muy probablemente hubiese ganado, ya que el voto en primera ronda terminó dividiéndose entre tres partidos políticos de oposición a Morales.
Morales y su gabinete adoptaron una postura desafiante en contra de las acusaciones de fraude y llamaron a sus bases a defender al gobierno. Declaraciones del mismo Morales, el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el Ministro de Defensa Javier Zavaleta, repetidamente provocaban a los manifestantes y aseguraban que si no aceptaban los resultados de la elección y ponían fin a las protestas, la violencia aumentaría.
Durante la semana pasada, los manifestantes llegaron a un punto de inflexión. El 9 de noviembre la policía se amotinó en contra del gobierno a lo largo de todo el país, uniéndose a los manifestantes y llamando a nuevas elecciones. El 10 de noviembre, la OEA publicó un reporte preliminar en el cual concluían que, en esencia, había existido fraude masivo y exhortaba al gobierno a que realice nuevas elecciones. Inmediatamente después, surgieron reportes de que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera se habían escapado desde La Paz a la región del Chapare en Cochabamba, en donde Morales aún goza de un fuerte apoyo de sus bases cocaleras.
Mientras que Morales se encontraba supuestamente en Cochabamba y sin el apoyo de la policía, grupos afines al gobierno emboscaron buses de manifestantes que se dirigían a La Paz en Vila Vila (departamento de Cochabamba), tomando a varios de ellos como rehenes e hiriendo a casi cuarenta personas en el proceso. Una manifestante que logró escapar incluso aseguró que sus colegas habían sido golpeadas y abusadas sexualmente. Otro grupo de manifestantes que se encontraban camino a La Paz desde Potosí fue atacado con armas de fuego en Oruro por francotiradores paramilitares afines al gobierno, dejando a varios heridos.
Luego de estos ataques, Marco Antonio Pumari, un líder indígena que encabeza el Comité Cívico de Potosí, y quién ha estado liderando las protestas en todo el país junto con el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que Morales era un “asesino”, exigió su renuncia y pidió al ejército en un mensaje televisado que proteja a los manifestantes potosinos o que les den sus armas para que se puedan defender ellos mismos.
El ejército reaccionó anunciando que cumplirían con su rol constitucional de proteger a los ciudadanos, llevando soldados para proteger a civiles de cualquier actor paramilitar.
Horas más tarde, luego de la renuncia de varios funcionarios gubernamentales de alto rango, el comandante de las fuerzas armadas bolivianas, el General Williams Kaliman, salió en la televisión nacional diciendo que, “luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de Bolivia”.
Poco después, tanto Morales como García Linera anunciaron que dejarían el poder como resultado de lo que consideraban era “un golpe de estado” y para poder evitar “más violencia” perpetrada “por Camacho y [el candidato de la oposición] Carlos Mesa” en contra de funcionarios del estado. Según fuentes gubernamentales, los manifestantes en contra del gobierno habían entrado a una de las casas de Evo Morales en Cochabamba, vandalizando el inmueble. En Oruro también quemaron la casa de una de las hermanas de Morales y la del gobernador de ese departamento.
El video de la renuncia de Morales omitió de manera intencional al importante líder cívico e indígena Marco Antonio Pumari, quien tuvo una participación más importante y activa en las protestas que el candidato de oposición Carlos Mesa, para reforzar la narrativa de que su gobierno representa a un movimiento indígena unificado.
Otros grupos mayoritariamente indígenas que tradicionalmente habían apoyado a Morales como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Única de Trabajadores Sindicales y Campesinos (CSUTCB), y el controversial grupo aymara Ponchos Rojos, también se unieron al movimiento cívico el domingo exigiendo la renuncia de Morales.
El 30 de octubre, días antes de la renuncia, grupos armados afines a Evo Morales en Montero, en el departamento de Santa Cruz, se enfrentaron con manifestantes opositores y mataron a dos personas con armas de fuego. Una semana después, otro activista por la democracia murió después de ser golpeado hasta quedar con muerte cerebral por turbas pro-Morales.
Pese a que algunos manifestantes por la democracia llegaron a atacar e incluso incendiar los hogares de algunas figuras políticas del partido de gobierno, incluyendo la casa de una de las hermanas de Evo Morales en Oruro, las protestas ciudadanas han estado libres del uso de violencia física casi en su totalidad. Del otro lado, turbas afines al gobierno han sido responsables de la muerte de al menos tres civiles: Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Limberth Guzmán Vásquez.
Incluso después de que los líderes del gobierno habían anunciado sus renuncias, incluyendo al presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera, turbas violentas de simpatizantes del gobierno continuaron atacando a civiles, saqueando negocios y prendiendo fuego a edificios y casas en La Paz y Cochabamba.
El día de hoy, un grupo de protestantes afines al gobierno armados con dinamitas y palos marcharon a lo largo de El Alto aterrorizando a la población mientras gritaban “¡Ahora sí! ¡Guerra civil!” HRF condena la violencia realizada por estos grupos violentos, y cualquier arenga por parte de funcionarios del gobierno de Evo Morales destinadas a promover más violencia. De igual manera, conminamos a los líderes cívicos y la oposición a continuar los llamados a la protesta pacífica y denunciar a grupos violentos que puedan actuar en su nombre. Finalmente, HRF hace un llamado a la policía y fuerzas armadas bolivianas a restablecer la paz y llevar ante la justicia a quienes cometan actos vandálicos y de violencia.
Al transicionar de un régimen autoritario-competitivo a una democracia en Bolivia, es crucial que las instituciones políticas en Bolivia operen de acuerdo a la Constitución boliviana, se establezca un gobierno de transición y se llamen a elecciones libres y justas dentro de un plazo de 90 días.