El reciente anuncio del Nobel de la Paz para María Corina Machado, junto con las crecientes tensiones con Estados Unidos por las acusaciones de participación estatal en el narcotráfico, han vuelto a poner los ojos del mundo sobre la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro. A pesar de esta atención internacional, Maduro no muestra señales de moderar su represión; al contrario, está encontrando nuevas formas de sofocar la disidencia. Tras haber expulsado a buena parte de los activistas que se oponen a su dictadura, ahora amenaza con despojarlos ilegalmente de su nacionalidad. Primero, el régimen apuntó contra el líder opositor Leopoldo López; luego, fue tras Yon Goicoechea. Este patrón revela una tendencia alarmante: la apatridia como la nueva arma de represión en la región.
Desde 2023, el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua ha revocado la nacionalidad de más de 400 ciudadanos, quienes habrían quedado apátridas si no fuera por la intervención de España. Maduro, por su parte, pretende seguir el mismo camino: presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para despojar de la ciudadanía a Leopoldo López, uno de los disidentes más destacados de Venezuela, líder del partido opositor democrático Voluntad Popular y ex preso político que pasó años encarcelado por organizar protestas pacíficas contra el régimen. Un proceso similar se ha iniciado contra Yon Goicoechea, abogado, defensor de derechos humanos y también miembro de Voluntad Popular, quien fue encarcelado por promover la resistencia no violenta durante el gobierno de Hugo Chávez.
La apatridia suele describirse como una muerte cívica: la pérdida de la capacidad jurídica y del reconocimiento ante la ley. Es algo sin precedentes en la historia moderna de América Latina. La última vez que el mundo vio esta táctica fue bajo algunos de los peores regímenes totalitarios de la historia: en 1926, cuando el gobierno fascista de Mussolini aprobó una ley contra quienes fueran “indignos de la ciudadanía italiana”, y en 1933, cuando la Alemania nazi despojó de la ciudadanía a los judíos recientemente naturalizados. En tiempos modernos, la apatridia suele estar asociada a minorías perseguidas, como el caso de los rohinyás en Myanmar, tragedia que muchos expertos consideran parte de un genocidio. Sin embargo, Ortega, Murillo y ahora Maduro la están resucitando como herramienta de persecución política, condicionando la pertenencia misma de una persona a su país a la obediencia a una tiranía.
Las dictaduras continúan reinventándose. Aunque muchas siguen recurriendo a herramientas tradicionales de represión, el contexto global ha cambiado —y los regímenes autoritarios intentan adaptarse para sobrevivir. En una era en la que la democracia y los derechos humanos son los pilares universales de la legitimidad, las dictaduras operan bajo un nivel de escrutinio sin precedentes. Como reacción, ha surgido una nueva forma de aferrarse al poder: los autócratas ya no se conforman con silenciar la disidencia —buscan borrarla de la existencia.
La apatridia genera una vulnerabilidad extrema, bloqueando el acceso a prácticamente todos los demás derechos. Priva a las víctimas del más fundamental de los derechos democráticos —el derecho al voto— y les niega la educación, la atención médica, la propiedad y la libertad de movimiento. Cívica y jurídicamente, una persona apátrida deja de existir. Es el ataque más devastador contra la dignidad humana.
La comunidad internacional debe tratar la privación de nacionalidad por parte de gobiernos autoritarios como lo que es: un crimen moderno de persecución política extrema. La preocupación es doble. Primero, porque viola el derecho internacional, concretamente el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo, porque constituye una grave afrenta a la dignidad humana, atacando el núcleo mismo de lo que significa ser disidente. Si el mundo no responde, esta práctica podría volverse habitual entre los casi 95 regímenes autoritarios que existen actualmente, marcando un golpe sin precedentes a la lucha global por la democracia y los derechos humanos.
Tras la revocación masiva de nacionalidades en febrero de 2023 por el régimen Ortega-Murillo, España actuó con decisión, otorgando nacionalidad a 451 nicaragüenses, ex presos políticos convertidos en apátridas por Managua. Estas nacionalizaciones se tramitaron bajo el procedimiento de Carta de Naturaleza, reservado a casos de “circunstancias excepcionales”. Dado que 80 países son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, no hay excusa para que otras democracias no sigan el ejemplo de España. Pero aunque la respuesta de España marca un precedente importante, no basta. El cambio real y duradero solo llegará mediante una presión internacional coordinada a favor de la democratización de Nicaragua.
Algunos podrían argumentar que, al otorgar ciudadanía a los disidentes despojados de la suya, los gobiernos democráticos terminan jugando el juego de los dictadores, permitiéndoles deshacerse de sus críticos. En realidad, sucede lo contrario: les devuelve la voz y la libertad, permitiéndoles hablar sin temor a represalias. Al final, al intentar borrar a sus opositores, el autócrata cava su propia tumba.
Los gobiernos democráticos deben decidir si permanecerán en silencio ante estas violaciones, o si responderán a la innovación autoritaria con una determinación democrática. Ortega y Murillo pueden haber iniciado un efecto dominó que Maduro está ansioso por replicar —y no puede permitirse que se extienda. La rápida acción de España para proteger a los nicaragüenses despojados de su ciudadanía marcó un ejemplo, pero la solidaridad no debe quedarse ahí: hacen falta sanciones específicas y una respuesta coordinada de la sociedad civil.
El uso de la apatridia como herramienta de represión autoritaria es una advertencia: los dictadores ya no necesitan cadenas ni celdas, porque pueden hacer desaparecer a un ciudadano con una simple firma. Depende de las fuerzas democráticas asegurar que las nuevas herramientas de la tiranía, estrenadas en Nicaragua y ahora replicadas en Venezuela, no se conviertan en una tendencia global.
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